Golpe al mercado inmobiliario: el impuesto del 100% a extranjeros en España desata una tormenta legal en Europa
Una medida que ha provocado un terremoto político y económico: España planea aplicar un impuesto del 100% a la compra de viviendas por parte de extranjeros, y expertos ya advierten que esto podría terminar en una gran batalla legal ante los tribunales de la Unión Europea. La propuesta, aunque busca proteger el acceso a la vivienda para los ciudadanos locales, está siendo criticada por violar las normas del mercado único europeo.
El impacto potencial es enorme. La idea del gobierno español es disuadir a los extranjeros de seguir comprando propiedades en zonas costeras o turísticas donde los precios se han disparado en los últimos años, como Mallorca, Ibiza o Málaga. Sin embargo, según expertos en derecho europeo, este tipo de medidas pueden romper con los principios básicos de la UE, como la libre circulación de capitales y la no discriminación por nacionalidad.
En una entrevista reciente, un destacado abogado europeo señaló que esta propuesta es “extrema y legalmente cuestionable”. Añadió que “los países de la Unión Europea no pueden aplicar impuestos diferentes o castigos económicos solo por el origen del comprador. Hacer eso va directamente en contra del derecho europeo y podría generar sanciones”.
Las consecuencias podrían ir más allá de una simple multa. Si la norma se aprueba y entra en vigor, España podría enfrentarse a demandas internacionales, recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE e incluso a represalias económicas. Ya hay asociaciones de inversores extranjeros que estudian acciones legales, y Bruselas observa con atención.
Mientras tanto, el gobierno español defiende la medida como una forma de luchar contra la especulación inmobiliaria y proteger a los ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda digna. “La vivienda no puede ser solo una inversión para millonarios extranjeros, debe ser un derecho para quienes viven y trabajan aquí”, declaró una fuente oficial.
Pero la polémica está servida. Algunos expertos sugieren que, en lugar de imponer un impuesto tan elevado, se podría limitar la compra de propiedades a fondos especulativos o promover más vivienda pública, sin generar conflictos legales con la Unión Europea.
En definitiva, el futuro de esta polémica medida está en juego. ¿Será una herramienta eficaz para proteger a los locales o un desastre legal y económico para España? Todo apunta a que el debate se trasladará pronto a los pasillos de Bruselas y las salas de los tribunales europeos.
